Sin necesidad de ir a una guerra Paraguay ha perdido y, lo sigue haciendo, de manera constante, en tiempos de paz, la soberanía de su territorio. Además de combatir a su propia población en nombre de la lucha contra una fantasmal insurgencia en el norte del país, el Estado paraguayo ha decidido en estos días, a través de sus instituciones, castigar a quienes se oponen al Servicio Militar Obligatorio y optan por la objeción de conciencia, garantizada en la Constitución Nacional, por diversas razones, las que en realidad poco importan a sus autoridades, quienes en realidad no toleran que los ciudadanos tomen sus propias decisiones.
Por Hugo Pereira
Desde los primeros años de la era independiente del Paraguay[1], a partir del control total del poder por parte del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, en 1814, hasta el gobierno del Mariscal Francisco Solano López, – con cuya muerte en 1870 finalizó la guerra de la Triple Alianza, integrada por Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay- la totalidad del Chaco y más del 95% de las tierras de la región oriental[2] pertenecían al Estado paraguayo. Durante casi 6 décadas, el Estado fue gestor de un territorio puesto a disposición del crecimiento de la agricultura familiar (Souchaud, 2007).
La situación fue completamente distinta luego del conflicto bélico que duró 5 años. Además de las tierras perdidas por el Paraguay luego del enfrentamiento a la Triple Alianza, los gobiernos de post-guerra se encargaron de entregar las tierras públicas al capital internacional, con lo que se configuraron los grandes latifundios en el país.
Como señala el autor de la clásica obra “La lucha por la tierra en Paraguay”, Carlos Pastore, mientras que unos pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales, otros quedaron cercados por las alambradas de las nuevas tierras privadas. El Paraguay perdió así el control sobre sus “fuentes de producción y riquezas” y se “produjo la concentración de la propiedad territorial en manos de pocos y se establecieron los latifundios que hoy subsisten amparados por poderosas fuerzas económicas internacionales” (Patore, 1972, p. 256).
El gobierno de la dictadura militar de Alfredo Stroessner asentó entre los años 1963 y 1989 a unas 150 mil familias en más de 500 colonias, aprovechando las tierras que quedaron disponibles y que fueron recuperadas por el Estado tras la finalización de la explotación de la yerba mate y la madera en la región oriental del país. Esa explotación se había desarrollado en las tierras públicas entregadas por el Estado al capital Internacional luego de la guerra contra la Triple Alianza. El dictador buscaba así neutralizar la presión campesina y el entusiasmo que contagiaba la revolución cubana en los años 60 a los jóvenes latinoamericanos (Díaz, 2014).
El latifundio volvió a reconfigurarse. El entonces Instituto de Bienestar Rural, entre los años 1967 y 1977, procedió a la venta a precios muy inferiores a los del mercado, de casi la totalidad de las tierras fiscales vírgenes, que quedaban en la zona este de la región oriental de Paraguay, a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y del partido gobernante, quienes luego revendieron sus terrenos a compañías agrícolas brasileñas (Nickson, 2005).
La venta de tierras públicas, la entrega irregular de terrenos a personas que no eran sujetos de la reforma agraria y – en la década del 70- la irrupción del modelo agro-exportador de mano de empresas e inmigrantes de origen brasileño, consumidor de grandes fracciones, contribuyeron al agotamiento de terrenos fiscales y el encarecimiento de los privados. Estos factores redujeron de manera importante la colonización campesina inducida o programada que se comprueba en la habilitación de 18.078 parcelas en colonias oficiales en el trienio 1976/1978, las que se redujeron a 7.773 lotes en el trienio siguiente (Fogel, 1989); es decir, a menos de la mitad.
Producto de la entrega de la soberanía territorial del Paraguay, en el que la dictadura militar stronissta y la cúpula castrense tuvieron alta responsabilidad, de acuerdo a datos del censo agropecuario del año 2008, aproximadamente el 20% de las tierras paraguayas, casi 8 millones de hectáreas, se encuentran en manos extranjeras, lo que equivale a la superficie de los departamentos de Concepción, Amambay, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú (Glauser, 2009, p. 35).
Canindeyú, el departamento donde en el 2012 se produjo la “Masacre de Curuguaty”, ocupa en Paraguay el primer lugar con mayor proporción de tierras en manos de terratenientes de nacionalidad brasileña. Más de la mitad, el 59% de su espacio geográfico, casi 820 mil hectáreas, es propiedad de menos de 2.500 ciudadanos del Brasil. Si sumamos la dimensión de los establecimientos de propietarios brasileños y de otras nacionalidades, podemos observar que el 64% de las tierras pertenece a terratenientes extranjeros. Luego del departamento del Alto Paraná, Canindeyú ocupa el segundo lugar, entre los 17 departamentos de Paraguay, con mayor superficie geográfica en manos extranjeras. El 81,5% de todos los productores de Canindeyú, de nacionalidad paraguaya, trabajan sobre el 36% de las tierras agropecuarias del departamento. El otro 64% es propiedad de menos del 20% de terratenientes de nacionalidad extranjera (Pereira, 2018).
En el departamento de Concepción, donde las Fuerzas Armadas, amparadas en una ley contraria al espíritu de la Constitución Nacional, promulgada al inicio de las gestiones del gobierno anterior, del empresario Horacio Cartes, en nombre de la lucha contra una “guerrilla” inexistente combaten a la población campesina, víctima de actividades extractivas a gran escala, de menos de 15 mil hectáreas que estaban en manos de casi 400 terratenientes brasileños, en 1991, de acuerdo a los datos oficiales, en el 2008, poco más de 200 propietarios de tierras de esa nacionalidad ya acaparaban más de 218 mil hectáreas, una superficie 15 veces superior (Pereira, 2016).
Concepción fue fundada en 1773 para ser el punto de la defensa de la soberanía territorial del norte paraguayo. ¿De qué defensa de la soberanía del territorio paraguayo pueden hablar hoy las Fuerzas Armadas?
El Estado paraguayo, en especial la institución castrense, no tiene autoridad moral para penalizar a quienes se oponen al Servicio Militar Obligatorio, y mucho menos cuando apela a la consigna del “servicio a la Patria”.
Referencias bibliográficas
Díaz, Ana. (2014). Actores y efectos diferenciados de la modernización y globalización en territorios locales de Praguay. Un estudio de casos. Asunción: CERI/FONDEC.
Fogel, Ramón. (1989). La cuestión agraria en el Paraguay. Apuntes para su estudio Asunción: CERI/ Fundación Friedrich Naumann.
Glauser, Marcos. (2009). Extranjerización del territorio paraguayo. Asunción: BASE IS.
Nickson, Andrew (2005). “Colonización brasilera en la Región Oriental del Paraguay”en Fogel, Ramón y Riquelme, Marcial (comps.) Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza (Asunción: CERI).
Pastore, Carlos. (1972). La lucha por la tierra en Paraguay. Montevideo: Editorial Antequera.
Pereira, Hugo. (2016). Extractivismo armado en Concepción. “EPP”, la fantasmal guerrilla que “lucha” por la expansión del capital internacional en suelo norteño. Asunción: CERI.
Pereira, Hugo. (2018). La vida florece en las tierras bañadas con la sangre de los mártires de “Marina Kue”. Asunción: CIPAE/ Pastoral Social Diocesana de Benjamín Aceval. Informe final de consultoría.
Souchaud, Sylvain. (2007). Geografía de la migración brasileña en Paraguay. Asunción: UNFPA/ADEPO/Embajada de Francia en Paraguay.
Notas
[1] El Paraguay se independizó de la Corona española en mayo de 1811.
[2] El Paraguay es dividido por el río del mismo nombre en dos regiones naturales: región occidental o chaco y región oriental.