Por Hugo Pereira
En nombre del combate al comunismo durante la Guerra Fría que enfrentó, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, al bloque del Este, comunista, liderado por la Unión Soviética, y al bloque de Occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, en cuya esfera de influencia se situó Paraguay[1], se criminalizó y persiguió cualquier forma de insubordinación considerada comunista, con lo que se etiquetó a todo movimiento disidente o de mera protesta (Tapia, 1980 citado por Lajtman, 2014), principalmente a quienes representaban un obstáculo para el avance del capital. En tal sentido Tamara Lajtman señala que “la contrainsurgencia eliminó a cualquier sujeto, grupo, colectivo, etc. que pusiera en peligro la reproducción del capitalismo, sobre todo en la periferia” (Lajtman, 2014; énfasis propio).
En la actualidad, en los territorios en los que se llevan adelante grandes actividades de producción extractivistas, aquellas que acaparan grandes extensiones de tierra, de las que se extraen altos volúmenes de recursos naturales, los cuales no son procesados, o lo son de manera limitada, para su exportación (Gudynas, 2009), y que no se limitan a la extracción de recursos minerales y al petróleo, sino además a la implantación de monocultivos (Acosta, 2011), o pasturas en el territorio de comunidades indígenas y campesinas, la criminalización y la represión de las protestas de las poblaciones rurales en contra de los efectos negativos del extractivismo, tienen características similares a la política contrainsurgente de las dictaduras anticomunistas.
Las organizaciones comunitarias que protestan contra la destrucción de su medio ambiente son percibidas por el capital como “movimientos insurgentes” (Harvey, 2004 citado por Composto y Navarro, 2012) al modelo de desarrollo extractivo, expansivo y excluyente, cuyo avance se vale de estrategias como la criminalización, la represión, la militarización y la contrainsurgencia (Composto y Navarro, 2012, op.cit.). La criminalización, la represión y la militarización en los territorios en los que se instala el extractivismo son necesarias para lograr el despojo de los bienes comunes (Zibechi, 2011). Pero la violencia requiere contar con argumentos.
“Thinktanks[2]que diseñan estrategias discursivas; medios de comunicación que resuenan expresiones hasta hacer de ellas un nuevo sentido común (…) profesores, investigadores y científicos que adaptan los discursos oficiales (…) que los hace más creíbles” (Monedero, 2011; énfasis original).
Una guerra irregular es revolucionaria cuando sus objetivos políticos apuntan a transformar una forma de Estado para dar origen a otra, pero es contrarrevolucionaria cuando su naturaleza es paramilitar. En efecto, en la guerra irregular se encuentra en un extremo la guerrilla, que apunta a derribar un gobierno y producir una transformación radical de la sociedad, mientras que en el otro se encuentra el paramilitarismo, el cual apunta a mantener, mediante la violencia armada, el statu quo (Pizarro, 2004)
Pese a que no existían condiciones para que se reprodujera la experiencia cubana en otros países latinoamericanos (Salazar, 2007), en los que los movimientos que apostaron a la resistencia armada jamás representaron un peligro real (Rivas, 2008), la subversión fue el pretexto de la represión militar. Paraguay no fue un caso aislado. El combate a supuestos subversivos se ejerció, según el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, con el objetivo de eliminar o disolver a segmentos críticos de la sociedad paraguaya en momentos en que ya no existían organizaciones armadas con planes insurreccionales (CVJ, 2008, tomo VI).
Las fuerzas estatales de Paraguay, según Sonia Winer, fueron adoctrinadas en la teoría de la Guerra Revolucionaria, “devenida contrarrevolucionaria, antisubversiva o contrainsurgente” (Winer, 2015), de la que el coronel francés Roger Trinquier fue uno de los principales referentes. Trinquier colocaba el foco de las acciones contrainsurgentes en la población.
La recurrente vinculación del “Ejército del Pueblo Paraguayo”(“EPP”) con la población campesina del norte paraguayo, en especial de Concepción, en las declaraciones de autoridades de diferentes instituciones y otros actores, así como en las notas periodísticas, tuvo desde marzo del 2008, efectos concretos en la vida de los pobladores rurales.
Según la versión mediática, el día 12 de marzo de 2018, un grupo de desconocidos quemó un galpón del establecimiento sojero de Kurusu de Hierro, en el que se encontraban 2 tractores agrícolas, un camión, una máquina cosechadora y una plantadora, que habría dejado una pérdida, de acuerdo a lo informado, de unos 400 mil dólares. La denuncia fue realizada por el hermano del propietario de la estancia[3]. Los autores, según la denuncia, dejaron en el lugar un panfleto que contenía el siguiente mensaje: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera”[4]
Los campesinos de Kurusu de Hierro que reivindicaban vivir en un ambiente saludable fueron vistos luego de la primera operación del “EPP” como “guerrilleros”, incluso “terroristas”, pasando casi al olvido su exigencia de adecuar la producción de soja a las leyes ambientales. Desde el año 2006 los lugareños iniciaron una sistemática denuncia contra la fumigación intensiva de agroquímicos en un establecimiento vecino perteneciente a un empresario de nacionalidad brasileña, Nabor Both. La fumigación, según los pobladores, empezó a arruinar sus cultivos de autoconsumo, generó la muerte de animales menores y la aparición, en los habitantes del lugar, de síntomas propios de la exposición a plaguicidas utilizados en sojales: dolores estomacales, mareos, desmayos, diarreas, afecciones en la piel y otros. Los habitantes de la comunidad no deseaban otra cosa que la colocación de una barrera forestal o barrera viva, una fila de árboles de 2 metros de alto por 5 metros de ancho, tal como dispone la ley, a fin de evitar que la fumigación de agroquímicos llegue a sus casas, separadas, solo por un camino, del campo en que se produce soja (Pereira, 2009).
Cuando se pregunta si existe o no el “EPP”, como se hace a menudo en Paraguay, debe aclararse en primer lugar si existe o no la violencia que se le atribuye para después definir la naturaleza política del grupo que se dice existe. Indudablemente, la zona norte del Paraguay, en especial el área rural de Concepción se ha convertido en un escenario de muertes, secuestros y otros hechos violentos en los últimos años. Las víctimas atribuidas a la hipotética “guerrilla” son de carne y hueso. Eso nadie lo puede negar, es absolutamente indiscutible. El punto que genera diferencias de criterios es el que respecta a la autoría de tales sucesos. ¿Son guerrilleros que persiguen un objetivo revolucionario los que están detrás?
El relacionamiento de la violencia armada con la población campesinaha sido recurrente en el discurso hegemónico desde la aparición del “EPP” hasta la actualidad. Los grandes niveles de pobreza de la población rural del norte paraguayo, es considerada una de las principales causas del involucramiento del campesinado del área con la “guerrilla del EPP”. La atribución a la pobreza como la causa de la subversión campesina es propia de la línea argumental de la dictadura stronista, enmarcada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, la que ha incorporado concepciones de contrainsurgencia de la Teoría de la Guerra Revolucionaria desarrollada por militares franceses.
Para el dictador Alfredo Stroessner, pionero en incorporar el discurso doctrinario de la Guerra Revolucionaria y la Doctrina de la Seguridad Nacional (Winer, 2015), justamente la pobreza es causa de subversión. Por ello, consideraba que para combatir al comunismo era necesario “elevar los estándares de la vida de los pueblos” (Mora y Cooney, 2009, citado por Winer, 2015; énfasis propio). Pero esos cambios en los estándares de vida de la población no serían inmediatos sino paulatinos. La Asociación Nacional Republicana (ANR), partido Colorado, organización política que sostuvo la dictadura stronissta, desarrolló toda una justificación teórica para explicar a sus bases cómo impedir que los supuestos “subversivos”, “radicales”, interrumpieran el mejoramiento progresivo de la calidad de vida llevado adelante por el gobierno de “la paz y el progreso”[5].
La violencia armada de los “rebeldes” del norte ha sido sin embargo muy eficiente en el desplazamiento de la población campesina de ciertas localidades consideradas “zonas de confort del EPP”, como es el caso de Kurusu de Hierro, cuyos pobladores fueron criminalizados desde el momento en que empezaron a cuestionar los efectos negativos de la fumigación irregular de agroquímicos, siendo neutralizadas completamente sus protestas al ser vinculados con la “violencia guerrillera” del “EPP”. Si el “EPP” persiguiera un objetivo revolucionario no arruinaría la lucha de sus supuestos representados, los pobladores campesinos. Su accionar ha sido en realidad clave para conservar el statu quo, propio del paramilitarismo y no el de una guerrilla.
Fuentes consultadas
Acosta, Alberto. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Lang, M. &Mokrani, D. (Comp.) Más allá del desarrollo. Quito: Fundación Rosa Luxemburg-AbyaYala.
Comisión Verdad y Justicia. (2008). Informe Final Anivehaguaoiko, Tomo VI. Asunción: CVJ.
Composto, Claudia y Navarro, Mina. (2012). “Estados, transnacionales extractivas y comunidades movilizadas: dominación y resistencias en torno de la minería a gran escala en América Latina”. En Revista Theomai. N° 25. Buenos Aires, Primer semestre de 2012.
Gudynas, Eduardo. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En Centro Andino de Acción Popular y Centro Latinoamericano de Ecología Social (Eds.). Extractivismo, política y sociedad (187-225). Quito: CAAP – CLAES.
Lajtman, Tamara. (2014). “Nos dicen del EPP para quitarnos las tierras”. El discurso del enemigo interno como quiebre de la resistencia campesina en Paraguay. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
Monedero, Juan Carlos. (2011). El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión. México: FCE.
Pereira, Hugo. (2009). Afecciones relacionadas con la fumigación sojera. El costo social de la expansión de la agricultura mecanizada en Kurusu de Hierro, departamento de Concepción, Paraguay. Asunción: BASE Investigaciones Sociales-Universidad Nacional de Concepción.Documento de Trabajo Nº 128.
Pizarro, Eduardo. (2004). Democracia asediada. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Prina, Agustín. (2008). La guerra de Vietnam. México: Ocean Sur.
Rivas Nieto, Pedro. (2008). Doctrina de seguridad nacional y regímenes militares en Iberoamérica. Alicante: Editorial Club Universitario.
Salazar Pérez, Robinson. (2007). “De la Seguridad Nacional al Estado Policial: Nueva estrategia para exterminar a los movimientos populares en América Latina”. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.
Winer, Sonia. (2015). Doctrina de la inseguridad mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. Buenos Aires: Prometeo.
Zibechi, Raúl. (2011). “La impostegrable lucha contra el extractivismo” en Palau, Marielle (comp.) La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo(pp.87-93). Asunción: BASE IS/DIAKONIA/SERPAJ-PY.
Notas
[1]El 1° de abril de 1956, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner se refirió al país del norte de América como la nación «aliada espiritual y hermana mayor” (Crocetti, 1997, pp.219-220).
[2]Institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica. [Thinktank.(s/f).En Wikipedia. Recuperado el 20 de julio de 2017 de https://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank].
[3] ABC Color, 14/03/2008
[4]Ibídem
[5]“Paz y progreso”, lema del gobierno del dictador Alfredo Stroessner.
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- Traducido al italiano por Antimafia Duemila
- Publicado por Antimafia Dosmil, Uruguay
- Publicado por Antimafia Dosmil, Paraguay
